Al final se aprobó la ley que extiende a 70 años los derechos de propiedad intelectual de los fonogramas. Todo esto con el fin de comercializar el patrimonio cultural e impedir su libre acceso al pueblo. Los dejo con una nota sacada de la página Derecho a leer.

Difundan, sobretodo los colegas blogueros.

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El día que los peronistas reprivatizaron la marcha peronista

“La grabé por convicción y por pedido expreso del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por la marchita que por los tangos que he grabado”

Hugo del Carril

En 1949 Hugo del Carril grabó la versión más famosa de la Marcha Peronista. Si bien hay desacuerdos sobre su verdadera autoría, la marcha figura como de autor anónimo. Esta circunstancia, junto con el tiempo transcurrido desde la grabación (50 años), colocan este registro completamente dentro del dominio público desde el año 2000. “Los muchachos peronistas” de Hugo del Carril, podía ser distribuída, difundida y copiada libremente, y por eso la encontramos alojada, en el repositorio multimedia de Wikipedia, que sólo puede albergar obras libres o en dominio público.

Poder indebido

Hace unos meses hubo cierta controversia, con idas y vueltas por tribunales, sobre el uso de la marchita por parte de las distintas corrientes internas del peronismo. El hijo de Hugo del Carril, al parecer ferviente anti-kirchnerista reclamaba su “derecho” a que esa versión de la marcha cantada por su padre, no fuese usada en aquellos actos políticos, que a Huguito no le cayeran simpáticos.

Insólita arbitrariedad, que en su momento comentaban en Vía Libre: “nos aporta una instancia que merece figurar en un manual acerca de por qué los derechos de autor y derechos conexos deben ser estrictamente limitados: el Sr. Hugo del Carril (h) parece estar convencido de que su carácter de heredero del emblemático intérprete de la Marcha Peronista le otorga el derecho de decidir quién es «suficientemente peronista» como para usar esa versión de la marcha, y quién no.

Pero más insólito fue el fallo del juzgado electoral de Servini de Cubría, que si bien autorizó a todos los frentes justicialistas a usar los símbolos de la liturgia peronista, le prohibió al kirchnerismo usar dicha clásica versión de este himno popular, por usufructuar indebidamente de la canción cuyos derechos comerciales están bajo propiedad de su familia (?). Luego, para terminar de undirse en las misteriosas arenas legales de la propiedad intelectual, un terreno evidentemente inexplorado para la mayoría de los jueces y abogados, la jueza manifestó que el PJ podrá utilizar la grabación si paga los derechos ya que se trata de «un tema comercial» (de un disco de 1949??).

El dia de la deslealtad peronista

“La marcha la canta el pueblo”, sostuvo el entonces candidato a diputado Néstor Kirchner. Sin embargo ayer, 25 de noviembre, el kirchnerismo, a instancias del propio ex-presidente, acaba de quitársela al dominio público de ese mismo pueblo que la canta, al aprobar el nefasto proyecto de ley (s3030/09) que reprivatiza por 20 años más los derechos sobre los fonogramas, incluso los que ya son públicos. Entonces habrá que esperar hasta 2020, para que la marchita de Don Hugo, pueda ser libremente apropiada por el pueblo.

Sutiles mecanismos de presión y desinformación ante los legisladores han surtido efecto: la voz de los artistas. Aunque no se aclara nunca, sólo se trata de la reducida elite de intérpretes famosos, (o herederos de intérpretes famosos), que son los pocos que ganan con las regalías y tienen intereses en común con las multinacionales discográficas. Los muchos, los interpretes desconocidos o no tanto, viven de su trabajo, como todos nosotros.

Esta claudicación de los diputados y senadores ante el lobby de las discográficas es una auténtica entrega de un patrimonio popular: muchas de las interpretaciones convertidas en clásicos de las décadas del 40 y 50, de nuevo a la explotación privada.

Sony Music relanza “La voz de la zafra”

Curiosamente, Sony acaba de reeditar el disco debut de Mercedes Sosa, “La voz de la zafra”, aquella grabación amenazada por la tierra de nadie de lo público, mencionada en el proyecto.

Aclaremos que esto no implica que la multinacional Sony no pudiese relanzarlo igual, sólo que con el fonograma en dominio público, algún hipotético sello de la competencia podría hipotéticamente editarlo también, (a partir de alguna vieja copia, porque los masters originales supongo que estarán bien guardados) y rasguñarle algunas marginales monedas del negocio a Sony Music Entertainment.

Tampoco las copias que circulan por las redes P2P dejarán de circular (aunque con la amenaza permanente de convertirnos a todos en Horacio Potel), ni tampoco los herederos de la intérprete serán afectados económicamente (habiendo numerosísimas grabaciones mas recientes para cobrar regalías).

Sin embargo, otros que trabajan voluntariamente en ordenar y poner a disposición pública todas estas obras que pertenecían al patrimonio común, deberán tomarse el trabajo de retirar el material arrebatado al dominio público por la nueva ley, “Primero nos tomamos el trabajo de ponerlos a disposición pública y ahora tendremos que trabajar para retirarlos” decía Patricio Lorente de Wikimedia Argentina, sobre los materiales actualmente subidos a Wikipedia que deberán ser retirados, para evitar las funestas demandas legales.

Adiós al uso libre de la marcha…

Finalmente el kirchnerismo, hace meses víctima de la arbitrariedad de los derechos conexos de los intérpretes —y de insólitas interpretaciones judiciales— termina impulsando y aprobando una ley, que entrega a la explotación privada de las discográficas un patrimonio que ya era público, y nada menos que la Marcha Peronista de Hugo de Carril, por varios años más hasta 2020.

Toda una paradoja peronista…

Fuente: Derecho a leer

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Bueno, no es que me preocupe perder la marcha peronista… pero, se entiende la idea?

Esta nota está sacada de la página Derecho a leer.

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Veinte Años Robados al Pueblo

¿Quién defiende a los pueblos si sus representantes —y para colmo, los principales referentes en el Senado de los partidos mayoritarios— se confabulan para sostener los intereses de lobbies globalizados, dando la espalda al pueblo, es decir, sus votantes? ¿Dónde quedó la lucha contra los monopolios, amigos del FPV?

“Zambita para que canten
Los humildes de mi pago
Si hay que esperar la esperanza
Mas vale esperar cantando.”

Pues… tendrán que seguir esperando otros 20 años…

La cita anterior es un fragmento “Zamba de los humildes”, interpretada por Mercedes Sosa en “La voz de la zafra”, disco publicado en 1961, y mencionado en los fundamentos de un proyecto de ley que pretende extender en 20 años más las restricciones legales que pesan sobre los fonogramas (grabaciones) en beneficio de las compañías disqueras.

El LP, está incluído según el proyecto, en una insólita lista de obras “seriamente amenazadas” (sic) de entrar al Dominio Público. El caso concreto de este disco, es un ejemplo explícito de cómo se esta legislando directamente al servicio de los intereses comerciales de multinacionales: Sony BMG Music Entertainment lo incluye en su catálogo y lógicamente espera un repunte de ventas, como ocurre cada vez que muere un artista popular.

En efecto, los Senadores Ernesto Sanz (UCR Mendoza), Miguel Ángel Pichetto (FPV, Río Negro), José Pampurro (FPV, Prov. Bs. As.), Pedro Guastavino (FPV, Entre Ríos), Liliana Beatriz Fellner, (FPV, Jujuy), impulsan un Proyecto de Ley (S3030/09) para modificar la Ley Noble 11.723 y extender en 20 años los derechos sobre las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, leáse: restricciones a la libertad de todos, de poder hacer copias de esas grabaciones, pasarlas de un formato a otro, compartirlas por P2P, etc, en definitiva: cerrar durante dos décadas más la puerta a la auténtica democratización del patrimonio cultural de una sociedad, el Dominio Público.

Confusamente, el proyecto hace referencia en la fundamentación, al plazo correspondiente a los autores —los interminables 70 años después de su muerte— y al plazo de los fonogramas (discográficas), de 50 años, dando a entender que deberían ser equiparados.

Sin embargo estos plazos no guardan ninguna relación entre sí, ya que la ley 11.723 fija para los fonogramas un plazo a partir de la fecha de la publicación, y en cambio, para el monopolio sobre la explotación de la obra otorgado a los autores (si, si, eso a lo que le llaman derecho de autor), fija un plazo a partir del fallecimiento del mismo.

Los “derechos” sobre fonogramas, o las regalías para los intérpretes, son “derechos conexos” es decir, diferentes a los de los autores, por eso los plazos se fijan de diferente manera. La razón es simple: ¿No son suficientes 50 años de monopolio para que la discográfica haga su negocio vendiendo discos? ¿Los intérpretes, además, como cualquiera que vive de su trabajo, no cobran por sus actuaciones? ¿Puedo cobrar regalías, por las casas que construyó mi abuelo albañil, que aún siguen en pie?

Los autores (mejor dicho, los poquísimos autores que pueden llegar a ganar algo con los derechos de autor) o sus herederos, seguirán cobrando regalías por sus obras, aunque los derechos conexos de la discográfica hayan finalizado, por ejemplo a través de las gestoras colectivas, cuando sus obras son interpretadas, o difundidas públicamente, ¿Por qué no piden que las restricciones sobre los fonogramas duren también 70 años, pero después de que haya muerto el último autor o último intérprete que haya intervenido en la grabación? No demos ideas…

A decir verdad, todo el texto del proyecto adolece de una interesada imprecisión para distinguir entre los intereses de las disqueras, autores e intérpretes. Como siempre, los artistas van de pantalla. Ya rebatimos aqui esos argumentos falaces de la propaganda, y sabemos como el 99% de los escritores no viven de los derechos de autor, sepamos también que tampoco, lo hacen el 99% de los músicos e intérpretes (si pensamos en todos, claro).

Ni hablemos de buscar en el texto alguna idea que considere, aunque sea mínimamente, otro interés que no sea el de la industria. Cosas como el Interés Colectivo, o los Bienes Comunes, no pesan en la balanza. La revolución tecnológica de nuestros días abre transformadoras posibilidades de democratización de la cultura, no las desaprovechemos, no se trata como antes de reglas de juego entre actores de la industria, se trata de Derechos Humanos, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Se trata de pelear por el control de la cultura y el conocimiento, en manos de los pueblos, o en manos de corporaciones multinacionales, o grupos prebendarios: no obedezcamos sumisamente las directivas imperiales que llegan desde las embajadas.

Por el contrario, por la cabeza de nuestros legisladores pasan ideas como (cuesta creer lo que sigue), la “nociva repercusión” (sic) de la caída en dominio público de las obras y como mencionamos al inicio, las numerosas obras fundamentales de nuestra cultura amenazadas de quedar a disposición pública: grabaciones de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Horacio Salgan, Osvaldo Fresedo, Alfredo De Angelis,Juan D ̈Arienzo, Carlos Di Sarli o Astor Piazola ¡van a entrar al Dominio Público! ¡serán devueltas a ese oscuro abismo del patrimonio cultural colectivo! ¡Qué horror!

¿Los Derechos del Pueblo no inspiraban muchas de esas obras?, ¿Quién defiende los derechos del pueblo aqui?

Fuente: Derecho a leer

Por favor, difundan.

Confederación Mapuce del Neuquén

Leyendo el post de Alemán56 en su blog La nova botica del alemán, sobre la carta de Marisa Burlastegui denunciando la creación de un megaproyecto turístico en tierras mapuches compradas por Tinelli, en la provincia de Chubut, y teniendo en cuenta las antigüedad de la carta (2005), quise abundar sobre el tema para ver en que quedó tal proyecto.

Así, encontré la siguiente nota en la página de Indymedia. Es algo muy preocupante y de lo cual casi nadie se entera, ya que los medios masivos no hacen nada para difundirlo. Es una nota de junio del 2006, desconozco lo que está pasando actualmente con el tema, por lo que si alguien sabe algo estaremos muy agradecidos en que lo comparta.

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PATAGONIA: DE REMATE.AR

Los territorios del sur argentino siguen siendo rematados, pero al más bajo precio. Están cambiando deuda por naturaleza. Están dejando a la gente sin tierra y a la tierra sin gente. Marginalidad y exclusión, apropiación de recursos, liberalización, miseria, destrucción… Viajamos a Chubut para contar esta historia a través de los testimonios de los protagonistas que padecen el saqueo.

Investigación: Alejandro Jasinski y María Inés Aiuto.
Texto: María Inés Aiuto

El negocio inmobiliario y turístico mueve millones de dólares en la Patagonia

Son pocos los mapuches y campesinos que siguen habitando estas tierras enclavadas en paraísos naturales con lagos y cordillera, territorios de conquista para empresarios extranjeros, nacionales y para la burguesía provincial. Esta zona abunda en ríos y lagos, recursos mineros y forestales, gas y petróleo.

Los grandes propietarios se adueñan de esta riqueza estratégica, cercan los lagos y los bosques, modifican el curso de los ríos, eliminan montañas y contaminan con explotaciones mineras. Estas mismas tierras que se fueron alambrando eran esenciales para la reproducción de la vida mapuche y campesina. En los últimos años, la concentración de tierras se acentuó debido a la carencia de políticas de Estado a favor de los pequeños productores y pueblos originarios que mantienen una economía de subsistencia: la falta de regulación de los títulos de propiedad, las rebajas del precio de la lana, la falta de créditos, el deterioro de los medios de transporte, la contaminación y desertificación de tierras provocó que migraran del campo a los suburbios urbanos en busca de mejores empleos.
Tierra sin gente

El mayor terrateniente de la Patagonia es el grupo italiano Benetton que posee 900 mil hectáreas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Estas tierras pertenecieron a los pueblos originarios hasta 1885 cuando fueron derrotados por el estado argentino en la Campaña del Desierto. En 1891, el estado las dona a diez familias inglesas que formaron la Compañía Tierras del Sud Argentino convertida más tarde en Sociedad Anónima. Un siglo después fue adquirida por Benetton.

Otros latifundistas conocidos son el ex dueño de Hard Rock Café, Joe Lewis; el accionista de TNT, CNN, HBO y Warner Brothers, Ted Turner; el empresario George Soros; Perez Companc, Amalita Lacroze de Fortabat y el empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Jovelio pertenece a la comunidad Pillan Mahuiza de Corcovado, a 100 km de Esquel, Chubut. Él nos contó cómo es la convivencia con sus vecinos invisibles: “Vivimos en una zona forestal de mucha riqueza natural que está en manos de corporaciones extranjeras y nacionales. Nosotros no tenemos vecinos, estamos rodeados de estancias. Enfrente está Perez Compac y al lado un terrateniente local. El río Corcovado que nace en el lago Vintter, en la frontera con Chile, atraviesa varias estancias y allí es imposible acceder al río. Si lo haces te sacan a tiros literalmente. Son estancias de más de 5000 hectáreas que las usan como inversiones inmobiliarias. Unas pocas son ganaderas y las que están en zona forestal no producen nada, ponen un puestero, alambran el campo y no dejan entran a la gente”.

En Chubut, el 30 por ciento de los productores con más de 2.500 hectáreas concentra el 90 por ciento de la superficie.
Legislación

En 1992, se promulgó la ley provincial de Tierras de Chubut que dio lugar a la creación del Instituto Autárquico de Colonización (IAC) para regularizar las ocupaciones precarias de tierra. A las familias indígenas asentadas en territorios fiscales y a las familias campesinas que hubieran trabajado la tierra durante más de veinte años -por cumplimiento del Código Civil-, les deben entregar los títulos de propiedad de manera gratuita. Para dar un ejemplo de cómo funciona el IAC, en 2004 entregó sólo 9 títulos de propiedad.

En 1994, dentro de la reforma de la Constitución Nacional Argentina se promovió el reconocimiento de las comunidades aborígenes. El artículo 75 inciso 17 indica que el estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y promueve la entrega gratuita de sus tierras ancestrales y de las que sean necesarias para el desarrollo humano. Estas tierras no pueden ser enajenadas, sin embargo, son constantes los casos de desalojo en todo el territorio nacional con ese fin.

Según Gustavo Macayo, abogado de Esquel que colabora de forma gratuita con los pueblos originarios, “los municipios se están convirtiendo en grandes inmobiliarias porque hay un movimiento muy importante de transferencia de tierras desde la provincia a los municipios” por lo tanto “una vez que la tierra pasó a depender del intendente no hay control ni legislación provincial, por eso se les venden las tierras a los propios indígenas contrariando lo establecido en la Constitución Nacional”.

Otro obstáculo para entregar los títulos es que la nueva Constitución de Chubut reconoce en su artículo 105 que el bosque nativo es de dominio provincial, pero permite que su venta mediante una ley que debe contar con los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura. Macayo explica que “es muy difícil que salga esta ley, pero se está enajenando tierra con bosque mediante decretos que evidentemente son ilegales” y que “esta ley es la excusa principal de los funcionarios para no entregar los títulos de propiedad a los pobladores con ocupación precaria mientras se los entregan a los empresarios a precios irrisorios”.

Hay que tener en cuenta que cuando se vende un terreno se considera no sólo la cantidad de hectáreas sino también el bosque y los recursos como el agua o el petróleo que posee. Estos elementos pueden hacer que el valor de venta sea mucho mayor.
Arraigo a la tierra

En Chubut la comunidad de Río Persey, a 13 km de Esquel, resiste en el campo a pesar de las dificultades para vivir. Son 30 familias de mapuches y campesinos que viven de la cría de un número reducido de animales, de la recolección de leña muerta para vender o del cuidado de estancias. A pesar de que habitan allí hace años todavía no pueden acceder a los títulos de propiedad, por lo tanto no pueden sacar créditos para mejorar su situación económica y calidad de vida y viven con la posibilidad de que sean desalojados o que les quiten parte de su tierra.

Ana Baltreani es ingeniera agrónoma e integra el Foro Permanente de Tierra, Bosque y Agua donde participa un grupo de vecinos de Esquel preocupados por la apropiación de estos recursos. Para ella “hay un cambio concreto de deuda por naturaleza, porque ¿cómo es posible que un gobierno provincial o municipal favorezca a los extranjeros cobrándoles precios irrisorios de 1000 pesos la hectárea como el caso concreto de Cholila en vez de beneficiar a las poblaciones originarias o campesinas?”.

Mientras el Instituto Autárquico de Colonización continúa sin regularizar las tenencias de tierra de los pobladores de Río Persey, los empresarios cercan los campos y obtienen sus títulos de propiedad de un día para el otro. Encima, el municipio de Esquel planea cobrarles a los pobladores los títulos a precios inaccesibles, contrariando lo establecido en las constituciones nacional y provincial.

Moira Millán, vocera de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza y del Frente Mapuche y Campesino, resalta: “La comunidad viene desde hace muchísimo tiempo reclamando los títulos de propiedad de sus tierras y el gobierno de la provincia les contesta que no se los puede dar porque ellos viven en zona de bosque, sin embargo, empresarios como Marcelo Tinelli o el alemán Gunter Besol que llegaron recientemente ya tienen título de propiedad aunque tengan en sus tierras bosque nativo”.
Comunidad de Río Persey vs. Empresarios
Conflicto con Marcelo Tinelli

En una entrevista periodística, Moira Millán denunció que el empresario Marcelo Tinelli intentaba desalojar a las 30 familias mapuches y campesinas de la comunidad de Río Persey para concretar el proyecto turístico Trafipan 2000 que consiste en una mega pista de esquí. El conductor televisivo compró 2.500 hectáreas en 1999 sobre el cerro La Torta con laguna y bosque nativo. Ese proyecto pasaría por su campo, por lo tanto necesitarían al menos de su consentimiento, a pesar de que sus abogados negaron toda vinculación con ese emprendimiento. Luego de las declaraciones de Moira Millán, los pobladores de Río Persey enviaron una carta desmintiendo tener conflictos con Tinelli.

Nos dirigimos al lugar para que los pobladores nos contaran lo que pasaba. Allí nos enteremos que en la comunidad existían dos autoridades poco democráticas: el director de la escuela y el pastor de la iglesia evangelista que no aceptaron que los entrevistemos. Ellos fueron quienes impulsaron a los vecinos a escribirle la carta a Tinelli. A su vez, varios de los pobladores nos contaron que en la escuela se les enseña a los jóvenes que ellos no son mapuches, es decir, se les enseña a negar su identidad. También se los capacita en turismo porque, según el intendente de Esquel, es la forma de lograr un sustento económico frente a la crisis del campo.

Todo cierra: si no son poblaciones originarias o campesinas entonces no tienen derecho a reclamar las tierras y si los capacitan en turismo van a aceptar más fácilmente que concreten el proyecto turístico Trafipan 2000 o cualquier otro emprendimiento semejante.

Pero existen problemas más concretos como el hecho de que tanto Tinelli como el terrateniente alemán Gunter Besol poseen las 5000 hectáreas de veranada que los pobladores usaban para el pastoreo de animales en el verano y que allí hay bosque donde recolectaban leña muerta. “En el caso del alemán, hace dos años que no se lo ve en la zona y Tinelli viene una vez al año. Él cercó la laguna Trafipan y la tiene en el patio de su casa como si fuera un elemento producido por su empresa. Y las molestias para la comunidad son diarias porque no pueden acopiar leña, no pueden acceder a la laguna y demás está decir que no pueden poner animales”, cuenta indignada Moira Millán. Pero la dirigente mapuche resalta: “Esto no es un problema con Marcelo Tinelli ni de la comunidad mapuche con Marcelo Tinelli, es un problema de un Estado que genera las condiciones para que ciertos empresarios se privilegien con las políticas de desalojo y de desaprensión con los derechos de los pueblos originarios”.

Ana Baltreani sostiene que “desde que llegó Marcelo Tinelli a Río Persey empezó a distorsionarse el negocio inmobiliario porque trabajó con terceros para comprar las tierras entonces lo que valía 1 terminó valiendo 4 porque la inmobiliaria se llevó la diferencia”. “Creo que de la misma manera que Tinelli tinelizo los medios, tinelizo las tierras, al menos en Esquel y su área de influencia”, concluye la ingeniera agrónoma.

Mauro Millán, vocero de la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre nos contó una anécdota sobre el campo de Tinelli: “Es un lugar paradisíaco que tiene un sendero entre el bosque y pasa por la laguna Trafipan. Cuando se empezó a decir que la había comprado un famoso intentamos acercarnos al lugar pero fue imposible porque un hombre nos apuntó con un arma y nos impidió llegar. Por eso yo desafío a la gente a ir a la laguna Trafipan con unas facturas y unos mates y volver, haber quien lo puede hacer. Es un derecho tan básico que esta prohibido porque es propiedad privada, en este caso de Tinelli”.

Nano Peralta, periodista de Esquel, plantea uno de los problema de los pobladores: “La gente de Río Persey vivió históricamente de la leña y hoy su problema de subsistencia pasa por no tener acceso a la leña muerta, es decir, hacen limpieza de árboles caídos. Ese conflicto lo mantienen sobre todo con la Dirección de Bosques que es el órgano de control y con el alemán Gunter Besol”.
El testimonio de los pobladores de Río Persey

Clementina Fonseca tiene 74 años y vive con su nieto en Río Persey. Trabaja en el campo desde que nació y se resiste a dejar el lugar hasta obtener los títulos de propiedad para su familia. Además ella cree tener otra función, la de custodiar la frontera, como “un gendarme sin uniforme”. Y tiene su teoría sobre la no entrega de los títulos de propiedad: “Capaz piensen que si lo hacen vamos a vender para irnos a los barrios marginados de la cuidad, porque hay mucha gente que les ha pasado que les va mal y les parece que viviendo allá van tener una vida más fácil. Pero yo sé que no es así”.

Jorge Paiyacán es otro poblador de la zona, es mapuche y sus abuelos fueron fundadores del lugar: “Cuando llegó mi abuelo tenía más de 2000 hectáreas y era arrendatario de las tierras fiscales. Hasta que llegó un estanciero poderoso llamado Goya que pagó y alambró todo entonces la gente empezó a amontonarse hacia el lugar donde vivían mis abuelos y ahí empezaron los problemas con los vecinos”.

Clementina nos contó que “los vecinos alambraron cada uno su pedacito y no les da abasto y por ahí andan a los ponchazos porque una vaca se paso para el campo de otro vecino y le comió el pasto y viene el otro vecino, le corre la vaca y voltean los alambrados”.

Existe una práctica cultural de las poblaciones rurales que consiste en hacer un pastoreo de los animales rotativo para el descanso de la tierra. En invierno se usa un predio que llaman invernada que suele ser un lugar bajo debido a las condiciones climáticas y en verano se los lleva a un lugar más alto que se llama veranada y que utilizaban en consorcio.

“El gobierno provincial vendió a las corporaciones y a los estancieros todo lo que era la veranada porque la gente no puede vivir en lugares tan altos y no les alcanza para hacer una casa para que no les vendan las tierras. Entonces cuando pasó el invierno y nuevamente subieron a la veranada se encontraron con que estaba todo alambrado”, cuenta Jovelio.

Olga Montero, Presidenta de la Junta Vecinal de Río Persey explica: “Los vecinos iban todos con sus animales a la veranada que ahora la tiene el alemán Gunter Besol y Marcelo Tinelli. Ahora solo tienen invernada que esta saturada por eso deben comprar pasto para que no se les mueran los animales”.

Jorge Paiyacan señala que “ahí empiezan los conflictos entre los vecinos por el espacio y los que teníamos animales debimos venderlos o quedarnos con pocos porque no podíamos alimentarlos”.

Al tener cada vez menos tierras, los pobladores deben vender sus animales, no pueden recoger leña y les quedan pocas salidas: o vender y migrar a la ciudad o resistir.
El misterio del proyecto turítisco

El Trafipan 2000 es un proyecto turístico elaborado hace más de una década. Se trata de un centro de esquí que pretende ser el más grande de Sudamérica y estaría ubicado en un cerro cercano a la comunidad de Río Persey. Hoy el emprendimiento solo existe en los papeles, pero es certera la posibilidad de que se concrete.

“Nos enteramos en octubre de 2005 a través de gente de la secretaría de turismo de la provincia que se iba a llevar adelante un mega proyecto turístico llamado Trafipan 2000 en el cerro La Torta y que se hacia la audiencia publica en San Martín de los Andes junto a otros que se iban a instalar en la patagonia”, relata Moira Millán. El periodista Nano Peralta también tiene sus fuentes que lo afirman: “Tengo información de buena mano que algunos estamentos del estado provincial están interesadísimos en que se realice el complejo turístico, aunque se diga lo contrario. Con este tipo de proyectos pasa que no se habla, no se habla, hasta que en algún momento aparece una resolución, decreto o algún marco legal que empieza a mover el avispero”.

Fuimos a preguntarle al intendente de Esquel, Rafael Williams, si se iba a concretar el proyecto Trafipan 2000 y nos dio su versión: “Hoy se esta intentando hacer con el acompañamiento de la provincia, siempre teniendo cuidado de no potenciar nada que compita con el centro de deportes de invierno La Hoya y que después no funcione ninguno de los dos”. Pero Williams aclara que se haría “en el cerro Huemules, que no es lo mismo que Río Persey” y que allí “hay un proyecto de mejoramiento de acceso y refugios para turismo con dinero del Banco Iberoamericano de Desarrollo, pensando en la posibilidad del día de mañana en un gran centro de esquí”. Para que quede un poco más claro: el cerro Huemules está al lado del cerro La Torta, propiedad de Tinelli, en la comunidad de Río Persey.
Repercusiones en la comunidad

Carmela Arabena, integrante del Frente Mapuche y Campesino y pobladora de Río Persey, exclama: “A nosotros no nos dan los títulos de propiedad porque tenemos tierras con bosque, pero ¿cuánto bosque nativo van a tener que sacar para hacer esta mega pista, cuántas voladuras tienen que hacer, cuanta agua van a contaminar?”. Clementina Fonseca tiene bien claras las consecuencias negativas de la instalación del complejo: “Será un desastre ecológico y social. Van a erosionar la cordillera, van a sacar el bosque y van a edificar grandes hoteles que terminaran contaminando la zona”.

Como suele suceder con este tipo de emprendimientos, los pobladores están divididos entre los que piensan en las fuentes laborales que podrían generar y los que entienden que el proyecto les quitaría la posibilidad de seguir trabajando la tierra y de vivir sin contaminación.

La presidenta de la Junta Vecinal apoya la primera postura: “Si nos incluyen en el Trafipan 2000 ofreciéndonos trabajo nos va a interesar porque hoy estamos sobreviviendo con una huerta, ganado para alimentarnos, un plan social o una changa. Ahora, no queremos ser espectadores del proyecto porque si estará tan cerca por lo menos queremos algún beneficio”. Vilma Millaho es la enfermera de la salita sanitaria de la comunidad y también opta por las fuentes laborales: “No estaría mal porque muchos chicos que están estudiando tendrán que irse cuando terminen y al tener la posibilidad de un trabajo podrán quedarse para formar una familia”.

Pero Moira Millán nota que la gente no se está ocupando del problema principal que es la falta entrega de los títulos de propiedad, en cambio “hoy está entretenida en hacer dulces porque el gobierno se los va a vender, les han dado alambrado, les dicen que les van hacer galpones, los tienen entretenidos con este tipo de campañas y quizá cuando reaccionen ya tengan las órdenes de desalojo”. Además, la vocera de Frente Mapuche y Campesino quiere llegar a instancias judiciales para que el gobierno les entregue toda la información sobre el proyecto: informe de impacto ambiental, si realizaron una consulta dentro de la comunidad, entre otras inquietudes. Con respecto al primer punto, el intendente de Esquel nos dijo que “antes de ejecutar este proyecto hay que hacer un estudio de impacto ambiental y saber dónde se harán los caminos, que arroyo se modifica, etc, ya que en Chubut hay una ley que así lo establece”. Las palabras de Rafael Williams dejaron de tener validez días después, en diciembre de 2005, cuando se reformó el Código Ambiental de Chubut. La legislatura derogó los decretos reglamentarios que son las formas en que se aplica la ley de Impacto Ambiental. También le restó autoridad a la Dirección Provincial de Protección Ambiental y prohibió que cualquier habitante pueda presentar un recurso de amparo ambiental. Gracias a estas modificaciones, las empresas que explotan y explotarán recursos naturales podrán trabajar con mínimos controles públicos.

Hoy más que nunca el control lo deben ejercer los pobladores patagónicos, por la vida y el territorio, contra el saqueo y la contaminación, por la defensa de los pueblos originarios y los campesinos.

Vienen por todo, pero los espera la resistencia del pueblo.

Fuente: Indymedia Argentina

Para los que no conocen, la Huerta Orgázmika, es una huerta comunitaria, autogestionada y orgánica que funciona desde hace 7 años en un terreno recuperado (que anteriormente servía de basural), sobre las vias del ex Ferrocarril Sarmiento, del barrio Caballito, de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde también organizan espacios de talleres, cine y otras actividades culturales.

Hace un tiempo que venían luchando contra el posible desalojo por parte del gobierno de Buenos Aires.

Por favor, lean esta nota del miércoles 20 de mayo, tomada del blog de la Huerta Orgázmica, y visiten la página para seguir informados, ya que se están organizando actividades para luchar contra el desalojo.

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Microinforme de la brutal represión y secuestro ilegal de compañerxs durante la tarde del martes 19 de mayo:

Los ultimos detenidos fueron liberados a las 20.30 hs. aproximadamente.

Exigimos:

- Renuncia inmediata de su cargo del Director del CGP 6 Marcelo Iambrich

- Restitución del terreno perdido de la Huerta Orgazmika

- Desprocesamiento de las causas iniciadas a los detenidos durante el martes 19.

- Desmantelamiento de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público)

Seguimos informando en http://www.orgazmika.blogspot.com/

Prensa y contacto: 15 6447 8280 – 15 3157 2304 – 15 6302 5515 – 15 6556 3340 – 4901-2385

Se agradece la difusión y todo el apoyo recibido y por recibir.