Al final se aprobó la ley que extiende a 70 años los derechos de propiedad intelectual de los fonogramas. Todo esto con el fin de comercializar el patrimonio cultural e impedir su libre acceso al pueblo. Los dejo con una nota sacada de la página Derecho a leer.

Difundan, sobretodo los colegas blogueros.

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El día que los peronistas reprivatizaron la marcha peronista

“La grabé por convicción y por pedido expreso del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por la marchita que por los tangos que he grabado”

Hugo del Carril

En 1949 Hugo del Carril grabó la versión más famosa de la Marcha Peronista. Si bien hay desacuerdos sobre su verdadera autoría, la marcha figura como de autor anónimo. Esta circunstancia, junto con el tiempo transcurrido desde la grabación (50 años), colocan este registro completamente dentro del dominio público desde el año 2000. “Los muchachos peronistas” de Hugo del Carril, podía ser distribuída, difundida y copiada libremente, y por eso la encontramos alojada, en el repositorio multimedia de Wikipedia, que sólo puede albergar obras libres o en dominio público.

Poder indebido

Hace unos meses hubo cierta controversia, con idas y vueltas por tribunales, sobre el uso de la marchita por parte de las distintas corrientes internas del peronismo. El hijo de Hugo del Carril, al parecer ferviente anti-kirchnerista reclamaba su “derecho” a que esa versión de la marcha cantada por su padre, no fuese usada en aquellos actos políticos, que a Huguito no le cayeran simpáticos.

Insólita arbitrariedad, que en su momento comentaban en Vía Libre: “nos aporta una instancia que merece figurar en un manual acerca de por qué los derechos de autor y derechos conexos deben ser estrictamente limitados: el Sr. Hugo del Carril (h) parece estar convencido de que su carácter de heredero del emblemático intérprete de la Marcha Peronista le otorga el derecho de decidir quién es «suficientemente peronista» como para usar esa versión de la marcha, y quién no.

Pero más insólito fue el fallo del juzgado electoral de Servini de Cubría, que si bien autorizó a todos los frentes justicialistas a usar los símbolos de la liturgia peronista, le prohibió al kirchnerismo usar dicha clásica versión de este himno popular, por usufructuar indebidamente de la canción cuyos derechos comerciales están bajo propiedad de su familia (?). Luego, para terminar de undirse en las misteriosas arenas legales de la propiedad intelectual, un terreno evidentemente inexplorado para la mayoría de los jueces y abogados, la jueza manifestó que el PJ podrá utilizar la grabación si paga los derechos ya que se trata de «un tema comercial» (de un disco de 1949??).

El dia de la deslealtad peronista

“La marcha la canta el pueblo”, sostuvo el entonces candidato a diputado Néstor Kirchner. Sin embargo ayer, 25 de noviembre, el kirchnerismo, a instancias del propio ex-presidente, acaba de quitársela al dominio público de ese mismo pueblo que la canta, al aprobar el nefasto proyecto de ley (s3030/09) que reprivatiza por 20 años más los derechos sobre los fonogramas, incluso los que ya son públicos. Entonces habrá que esperar hasta 2020, para que la marchita de Don Hugo, pueda ser libremente apropiada por el pueblo.

Sutiles mecanismos de presión y desinformación ante los legisladores han surtido efecto: la voz de los artistas. Aunque no se aclara nunca, sólo se trata de la reducida elite de intérpretes famosos, (o herederos de intérpretes famosos), que son los pocos que ganan con las regalías y tienen intereses en común con las multinacionales discográficas. Los muchos, los interpretes desconocidos o no tanto, viven de su trabajo, como todos nosotros.

Esta claudicación de los diputados y senadores ante el lobby de las discográficas es una auténtica entrega de un patrimonio popular: muchas de las interpretaciones convertidas en clásicos de las décadas del 40 y 50, de nuevo a la explotación privada.

Sony Music relanza “La voz de la zafra”

Curiosamente, Sony acaba de reeditar el disco debut de Mercedes Sosa, “La voz de la zafra”, aquella grabación amenazada por la tierra de nadie de lo público, mencionada en el proyecto.

Aclaremos que esto no implica que la multinacional Sony no pudiese relanzarlo igual, sólo que con el fonograma en dominio público, algún hipotético sello de la competencia podría hipotéticamente editarlo también, (a partir de alguna vieja copia, porque los masters originales supongo que estarán bien guardados) y rasguñarle algunas marginales monedas del negocio a Sony Music Entertainment.

Tampoco las copias que circulan por las redes P2P dejarán de circular (aunque con la amenaza permanente de convertirnos a todos en Horacio Potel), ni tampoco los herederos de la intérprete serán afectados económicamente (habiendo numerosísimas grabaciones mas recientes para cobrar regalías).

Sin embargo, otros que trabajan voluntariamente en ordenar y poner a disposición pública todas estas obras que pertenecían al patrimonio común, deberán tomarse el trabajo de retirar el material arrebatado al dominio público por la nueva ley, “Primero nos tomamos el trabajo de ponerlos a disposición pública y ahora tendremos que trabajar para retirarlos” decía Patricio Lorente de Wikimedia Argentina, sobre los materiales actualmente subidos a Wikipedia que deberán ser retirados, para evitar las funestas demandas legales.

Adiós al uso libre de la marcha…

Finalmente el kirchnerismo, hace meses víctima de la arbitrariedad de los derechos conexos de los intérpretes —y de insólitas interpretaciones judiciales— termina impulsando y aprobando una ley, que entrega a la explotación privada de las discográficas un patrimonio que ya era público, y nada menos que la Marcha Peronista de Hugo de Carril, por varios años más hasta 2020.

Toda una paradoja peronista…

Fuente: Derecho a leer

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Bueno, no es que me preocupe perder la marcha peronista… pero, se entiende la idea?

Esta nota está sacada de la página Derecho a leer.

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Veinte Años Robados al Pueblo

¿Quién defiende a los pueblos si sus representantes —y para colmo, los principales referentes en el Senado de los partidos mayoritarios— se confabulan para sostener los intereses de lobbies globalizados, dando la espalda al pueblo, es decir, sus votantes? ¿Dónde quedó la lucha contra los monopolios, amigos del FPV?

“Zambita para que canten
Los humildes de mi pago
Si hay que esperar la esperanza
Mas vale esperar cantando.”

Pues… tendrán que seguir esperando otros 20 años…

La cita anterior es un fragmento “Zamba de los humildes”, interpretada por Mercedes Sosa en “La voz de la zafra”, disco publicado en 1961, y mencionado en los fundamentos de un proyecto de ley que pretende extender en 20 años más las restricciones legales que pesan sobre los fonogramas (grabaciones) en beneficio de las compañías disqueras.

El LP, está incluído según el proyecto, en una insólita lista de obras “seriamente amenazadas” (sic) de entrar al Dominio Público. El caso concreto de este disco, es un ejemplo explícito de cómo se esta legislando directamente al servicio de los intereses comerciales de multinacionales: Sony BMG Music Entertainment lo incluye en su catálogo y lógicamente espera un repunte de ventas, como ocurre cada vez que muere un artista popular.

En efecto, los Senadores Ernesto Sanz (UCR Mendoza), Miguel Ángel Pichetto (FPV, Río Negro), José Pampurro (FPV, Prov. Bs. As.), Pedro Guastavino (FPV, Entre Ríos), Liliana Beatriz Fellner, (FPV, Jujuy), impulsan un Proyecto de Ley (S3030/09) para modificar la Ley Noble 11.723 y extender en 20 años los derechos sobre las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, leáse: restricciones a la libertad de todos, de poder hacer copias de esas grabaciones, pasarlas de un formato a otro, compartirlas por P2P, etc, en definitiva: cerrar durante dos décadas más la puerta a la auténtica democratización del patrimonio cultural de una sociedad, el Dominio Público.

Confusamente, el proyecto hace referencia en la fundamentación, al plazo correspondiente a los autores —los interminables 70 años después de su muerte— y al plazo de los fonogramas (discográficas), de 50 años, dando a entender que deberían ser equiparados.

Sin embargo estos plazos no guardan ninguna relación entre sí, ya que la ley 11.723 fija para los fonogramas un plazo a partir de la fecha de la publicación, y en cambio, para el monopolio sobre la explotación de la obra otorgado a los autores (si, si, eso a lo que le llaman derecho de autor), fija un plazo a partir del fallecimiento del mismo.

Los “derechos” sobre fonogramas, o las regalías para los intérpretes, son “derechos conexos” es decir, diferentes a los de los autores, por eso los plazos se fijan de diferente manera. La razón es simple: ¿No son suficientes 50 años de monopolio para que la discográfica haga su negocio vendiendo discos? ¿Los intérpretes, además, como cualquiera que vive de su trabajo, no cobran por sus actuaciones? ¿Puedo cobrar regalías, por las casas que construyó mi abuelo albañil, que aún siguen en pie?

Los autores (mejor dicho, los poquísimos autores que pueden llegar a ganar algo con los derechos de autor) o sus herederos, seguirán cobrando regalías por sus obras, aunque los derechos conexos de la discográfica hayan finalizado, por ejemplo a través de las gestoras colectivas, cuando sus obras son interpretadas, o difundidas públicamente, ¿Por qué no piden que las restricciones sobre los fonogramas duren también 70 años, pero después de que haya muerto el último autor o último intérprete que haya intervenido en la grabación? No demos ideas…

A decir verdad, todo el texto del proyecto adolece de una interesada imprecisión para distinguir entre los intereses de las disqueras, autores e intérpretes. Como siempre, los artistas van de pantalla. Ya rebatimos aqui esos argumentos falaces de la propaganda, y sabemos como el 99% de los escritores no viven de los derechos de autor, sepamos también que tampoco, lo hacen el 99% de los músicos e intérpretes (si pensamos en todos, claro).

Ni hablemos de buscar en el texto alguna idea que considere, aunque sea mínimamente, otro interés que no sea el de la industria. Cosas como el Interés Colectivo, o los Bienes Comunes, no pesan en la balanza. La revolución tecnológica de nuestros días abre transformadoras posibilidades de democratización de la cultura, no las desaprovechemos, no se trata como antes de reglas de juego entre actores de la industria, se trata de Derechos Humanos, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Se trata de pelear por el control de la cultura y el conocimiento, en manos de los pueblos, o en manos de corporaciones multinacionales, o grupos prebendarios: no obedezcamos sumisamente las directivas imperiales que llegan desde las embajadas.

Por el contrario, por la cabeza de nuestros legisladores pasan ideas como (cuesta creer lo que sigue), la “nociva repercusión” (sic) de la caída en dominio público de las obras y como mencionamos al inicio, las numerosas obras fundamentales de nuestra cultura amenazadas de quedar a disposición pública: grabaciones de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Horacio Salgan, Osvaldo Fresedo, Alfredo De Angelis,Juan D ̈Arienzo, Carlos Di Sarli o Astor Piazola ¡van a entrar al Dominio Público! ¡serán devueltas a ese oscuro abismo del patrimonio cultural colectivo! ¡Qué horror!

¿Los Derechos del Pueblo no inspiraban muchas de esas obras?, ¿Quién defiende los derechos del pueblo aqui?

Fuente: Derecho a leer